El robo de cualquier tipo compone casi tres quintos del delito en el distrito desde 2020, la mitad de los cuales es robo vehicular. En particular, se ha observado un intenso foco en el robo de convertidores catalíticos. Durante los últimos cuatro años, hemos visto una “explosión” de robos de convertidores catalíticos debido a sus metales preciosos, como paladio, platino y rodio, que triplicaron su valor en 2020. Sin embargo, el año pasado eso cambió. Los robos están disminuyendo por la misma razón que subieron hace cuatro años: el valor de los metales preciosos como el rodio cambió drásticamente en corto tiempo. El congresista Jim Baird explicó que el disparado valor fue el “verdadero motor” de los robos de convertidores catalíticos, sobre lo cual manifestó: “Dado que los precios de esos metales aumentan, [los ladrones] están más interesados en ellos”. Lógicamente, debido a que los precios del paladio y el rodio se desplomaron —el rodio bajó de casi $30,000 en abril de 2021 a unos $4,000 el año pasado—, lo mismo sucedió con los robos.

 

Los funcionarios electos locales y estatales tienen muy poca influencia en las fluctuaciones del precio de los metales preciosos, pero pueden influir en la evaluación del riesgo que cualquier persona hace al intentar robar metales preciosos. En 2022 y 2023, las leyes aprobadas por la legislatura estatal aumentaron la trazabilidad de los convertidores, dificultaron su venta y posesión e hicieron que su robo fuera una mayor prioridad para departamentos y agencias estatales. En abril del año pasado, el Concejo Municipal fue más allá y prohibió la posesión de un único convertidor catalítico sin conectar. 

 

Las medidas preventivas como el grabado del VIN puede ayudar a desalentar los robos y facilitarle a la policía el rastreo de convertidores sustraídos. Al enfocarse en los compradores de partes robadas previamente identificadas, la policía puede romper el círculo de compradores y vendedores, como sucedió recientemente en Sacramento y Filadelfia, que desalentará futuros robos en primer lugar. En áreas de alto tráfico como Van Nuys se registran tasas más altas de robos de convertidores catalíticos. Jillian organizará eventos comunitarios en estas áreas en los que los dueños de vehículos pueden grabar sus números VIN en sus convertidores catalíticos. 

 

Pero incluso con el derrumbe de los precios y estas políticas de lucha contra el mercado negro, los robos continúan con consecuencias trágicas; y continúan por la misma razón que las “leyes de mano dura contra el crimen” en los 80 y los 90 no funcionaron: básicamente, el delito está atado a la desigualdad en los ingresos.

 

Además del robo de vehículos, el robo de cables de cobre se ha convertido en problema creciente en todo Los Ángeles. Estos robos dejan barrios a oscuras, y representan un costo de millones de dólares en reparaciones para la Ciudad. Recientemente, Los Ángeles lanzó un programa piloto para cambiar 104 postes de alumbrado público tradicionales por postes solares en Van Nuys. Aunque estas luces tienen un costo inicial de instalación más elevado, no se conectan al tendido eléctrico y, por ende, no requieren cableado de cobre. Estos costos más altos se pueden amortizar con lo que se ahorra al no tener que financiar costosos grupos operativos especiales contra el robo de cobre o cambiar las luces rotas a las que los delincuentes les quitaron el cobre. Jillian ampliará el programa piloto de alumbrado público solar, lo que desalentará los robos y contribuirá a tener una ciudad más ecológica.

 

Además de las medidas disuasivas no punitivas para la delincuencia, como mejorar la iluminación de las calles, la Ciudad de Los Ángeles necesita continuar con su ambicioso programa piloto, BIG: LEAP (Ingresos Básicos Garantizados: Programa de Ingresos Económicos de Los Ángeles), que otorga a familias de bajos ingresos, seleccionadas aleatoriamente, $1000 por mes durante un año. BIG: LEAP no solo ayudó a las familias a costear necesidades básicas como alimentos, ropa y alquiler, sino que también refutó las ideas de que desalentarían a las personas a trabajar (en realidad el empleo a tiempo completo aumentó entre los participantes y permanecieron en esos trabajos por más tiempo) y los ayudó a encontrar lugares más seguros para vivir.

 

Si vamos a ser sinceros acerca del robo, tenemos que ser sinceros acerca del arco completo de los afectados. No podemos solo hablar del robo de convertidores catalíticos y pasar por alto el robo de salarios. Aquí en Los Ángeles, un estimado de $1,600 a $2,500 millones en salarios fueron robados a trabajadores del área de Los Ángeles durante la última década. El estado no ha podido atender las denuncias de manera oportuna, con una enorme cantidad de casos atrasados, sobre todo en la oficina de campo de Los Ángeles.  

 

Aunque este es un problema del estado, a nivel local, es necesario tomar medidas concretas para atender los casos atrasados y apoyar la aplicación de las ordenanzas sobre robo de salarios. La Oficina de Estándares Salariales de la Ciudad tiene encomendada esta misión. El año pasado, la oficina del Contralor Municipal emitió un informe en el que se indicaban los puestos vacantes por departamento, y el Buró de Administración de Contratos, al que pertenece la Oficina de Estándares Salariales, tiene una tasa de vacancia de más del 25 %. Solo 7 de 43 oficinas tienen una tasa más alta de vacancia. No deberíamos recortar estos puestos: debemos darles el apoyo económico y logístico que el problema exige.